«Se va a definir en la cancha». Con esa frase, la Conmebol dejó en claro que no quiere un campeón de escritorio. Fue después de que Boca pidiera, mediante un escrito, la aplicación del artículo 18 del Reglamento, que postula la quita de puntos como uno de los castigos disciplinarios posibles ante un incidente que afecte a la delegación visitante.
El partido final ya estaba postergado sin fecha: el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , ya había convocado a los presidentes de ambos clubes a una cumbre en la sede del fútbol sudamericano, en Luque, en las afueras de Asunción.
«Luego del reclamo de Boca, la Conmebol decide darle tiempo a la Unidad Disciplinaria para que evalúe la denuncia y posterga el partido. No había condiciones para jugarlo», contó un importante directivo del fútbol sudamericano fuera de micrófono. La pelota, como ocurrió en varias ocasiones durante esta edición de la Copa Libertadores, ya estaba en los escritorios. Y en los dominios de Mariano Zavala, secretario de la Unidad Disciplinaria. Zavala ya tuvo que lidiar con otros temas, como las malas inclusiones de jugadores que estaban suspendidos, como el caso de Carlos Sánchez (Santos, de Brasil) o de Bruno Zuculini, de River.
El reclamo de Boca, escrito al detalle y que funciona como una cronología de todo lo que sucedió desde el fatídico ingreso del ómnibus xeneize al bulevar de acceso al estadio Monumental, pide la sanción a River por la agresión sufrida por su delegación. En los hechos, entiende el club, se trata de una analogía de lo ocurrido en 2015 con el gas pimienta en la Bombonera. «La responsabilidad de River en la seguridad de la delegación visitante es objetiva», cree Boca. Sin embargo, hay un detalle geográfico que diferenciaría ambos sucesos: según fuentes de la propia Conmebol, el impacto al ómnibus de Boca ocurrió fuera de los límites del anillo de seguridad, delimitado el día anterior en la reunión técnica previa a la finalísima de la Libertadores. Ese dato, que figura en el «pacto de caballeros» firmado por Daniel Angelici (presidente de Boca), Rodolfo D’Onofrio (presidente de River) y Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), es el que enterraría la posibilidad de que River sea castigado con la pérdida del partido. Y de la Copa.
«Ni se leyó», fue la respuesta en el hotel Alvear Icon, búnker de la Conmebol, ante la consulta de La Nación sobre el reclamo de Boca. Así como se recibió, el organismo rector del fútbol sudamericano lo remitió a la Unidad Disciplinaria, un cuerpo independiente que ahora (y como tantas otras veces en esta edición de la Libertadores) deberá redactar un fallo exprés: lo integran Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarilis Belisario (Venezuela), Antonio Carlos Meccia (Brasil), Cristóbal Valdés (Chile) y el abogado argentino Diego Pirota, que está excusado porque no puede intervenir en un conflicto con un club de su país. Tres de los cuatro integrantes que restan serán los encargados de definir la suerte del expediente.
